Refugiad@s: ¿moneda de cambio?

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A raíz de una conversación con una amiga me viene a la cabeza el asunto de Turquía y el vergonzoso acuerdo firmado por la Unión Europea con este país el pasado 18 de Marzo. Se le puede llamar acuerdo, pacto, declaración, como se quiera, pero en realidad es un contrato de compra-venta de seres humanos. En resumen, ambas partes concuerdan que la UE expulsará a Turquía a todos los refugiados que lleguen desde dicho país, sirios incluidos (este punto se está cumpliendo escrupulosamente), y a cambio se compromete a acoger al mismo número de refugiados sirios expulsados en los países miembros (se desconoce el grado de cumplimiento pero a España no están llegando refugiados por lo que tememos que no se está realizando). No sólo eso, Turquía se lleva en este proceso una cantidad aún no determinada de euros (se estima que podrían ser 6.000 millones hasta 2018), se levanta la necesidad de un visado para sus ciudadan@s que quieran viajar a la UE, y se avanza en la inclusión de Turquía como estado miembro de la Unión.

¿En qué basa la UE su argumentación para tratar de justificar este vergonzante trato? Fundamentalmente en tres cuestiones:

  1. Grecia está bloqueada con más de 30.000 personas atrapadas en su territorio, sin que se les pueda asegurar unas condiciones dignas, por lo que se cede esta función a Turquía con la financiación adecuada: este razonamiento es claramente torticero, con mucha menos financiación el estado griego podría proveer a l@s refugiad@s de todo lo necesario y, en virtud de los acuerdos de solidaridad entre territorios que rigen el funcionamiento comunitario, el resto de países debería cumplir su palabra de acoger a todas las personas que se comprometieron con anterioridad a este pacto ignominioso.
  2. Enviar el mensaje de que solo mediante la vía legal es posible acceder a Europa y, de esta manera, acabar con las mafias que trafican con personas. Este argumento se basa de forma errónea en el Reglamento de Dublín (604/2013) que en su artículo 13.1 establece que “Si se determina (…) que el solicitante ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país, el Estado miembro en el que haya entrado de tal forma será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.” Primero porque Turquía no es un estado miembro y, por tanto, no se le puede asignar en exclusiva el cometido de formalizar las peticiones de asilo político. Segundo, porque se debería modificar dicho ordenamiento para permitir que otros estados miembros de la UE puedan tramitar las solicitudes de protección internacional, sobre todo en casos extraordinarios como el de Grecia, y no tenga que ser exclusivamente el país por el que el solicitante ha accedido a la UE de manera “irregular”. Respecto a las mafias, ya hemos sido testigos en múltiples ocasiones como operaciones de acoso a las mismas únicamente suponen que cambien sus rutas, asumiendo l@s refugiad@s mayores riesgos.
  3. Turquía es uno de los denominados “tercer país seguro”. El artículo 38 de la DIRECTIVA 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo establece que un país se considera “tercer país seguro” cuando, entre otras cuestiones:
    – Su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
    – No hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE.
    – Se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra.
    – Se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional.

Turquía, con quien la UE mantiene un acuerdo de devolución de migrantes en virtud de su supuesta condición de “Tercer país seguro” incumple flagrantemente estas cuestiones, pues se está viendo que, a raíz del supuesto golpe de estado contra Tayyip Erdogan, se conculcan derechos y se persigue a personas por su opinión política. Tampoco respeta ni ha respetado el principio de no devolución, pues está demostrado que ha devuelto a ciudadanos sirios e incluso ha disparado contra ellos. Respecto a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, poco se sabe de las condiciones de los refugiados en los campos turcos dada la opacidad que existe, pero, entre otras cuestiones, recientes informaciones sobre explotación laboral de refugiad@s siri@s por empresas textiles europeas, hacen sospechar que no se estén cumpliendo.

En virtud de todo ello Turquía debería quedar inhabilitada como “Tercer país seguro” y por tanto la Declaración UE-Turquía, de 18 de marzo de 2016 debería ser retirada. Además este acuerdo establece que a todos los migrantes que se intercepte en aguas del mar Egeo se les devolverá a Turquía, lo que supone un flagrante incumplimiento del principio de no devolución que está recogido también en el Tratado de Schengen.

Una vez más la Unión Europea demuestra su incapacidad para hacer frente de manera responsable y solidaria a un problema que no es exclusivo de quienes no tienen más remedio que abandonar su tierra con lo puesto, sino que es extensible a toda la humanidad en virtud de los tratados sobre derechos humanos que tanto se jactan en firmar pero no en cumplir.

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